Imagen del exterior de la prisión de Sevilla I (lugar del ataque)
Un funcionario de prisiones fue agredido el lunes 18 de agosto en el centro penitenciario de Sevilla I mientras intentaba mediar en un altercado entre internos. Los hechos ocurrieron por la tarde en el módulo 54, cuando varios reclusos alertaron al trabajador de una disputa relacionada con una supuesta deuda entre compañeros de celda.
Al aproximarse para intentar calmar la situación, uno de los internos implicados en la discusión reaccionó con violencia y atacó al funcionario propinándole varios puñetazos y patadas. La agresión se produjo de forma sorpresiva, y el trabajador fue alcanzado principalmente en el costado izquierdo de su cuerpo.
A pesar de la brutalidad del ataque, el funcionario logró avisar a sus compañeros, quienes acudieron rápidamente para socorrerle. El interno fue reducido por el resto del personal y trasladado a otra unidad para evitar mayores incidentes.
El funcionario fue derivado al servicio de urgencias, donde recibió atención médica por los golpes sufridos. Aunque su estado no reviste gravedad, el suceso ha reavivado el debate sobre la seguridad en el interior de las prisiones andaluzas.
Desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) han denunciado públicamente este nuevo episodio de violencia como parte de una preocupante escalada de agresiones dentro de los centros penitenciarios. La organización sindical exige que los funcionarios sean reconocidos legalmente como agentes de la autoridad, con los derechos y protecciones que ello conlleva.
Además, solicitan que su labor sea clasificada como profesión de riesgo, lo que facilitaría la implementación de medidas de prevención y seguridad más efectivas. Entre sus reivindicaciones también se encuentran el refuerzo de las plantillas, la incorporación de medios coercitivos modernos como pistolas táser, y una mejora en las condiciones salariales, especialmente en comparación con los trabajadores penitenciarios en Cataluña.
Este incidente se suma al registrado apenas dos días antes en el centro penitenciario de Morón de la Frontera, también en la provincia de Sevilla, donde otro funcionario fue agredido por un interno. Estos acontecimientos están generando una creciente preocupación entre los profesionales del sector, que reclaman una actuación inmediata por parte del Ministerio del Interior.
En paralelo, otras organizaciones del ámbito penitenciario están evaluando posibles movilizaciones en protesta por la falta de respuesta institucional ante estas agresiones.
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