A fecha 16 de septiembre de 2025, casi un año después del plazo legal de rendición de cuentas (el 15 de octubre de 2024), el 96% de los municipios que no habían presentado sus cuentas de 2023 a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña ya lo han formalizado.
Pese al retraso, es un dato positivo, pero todavía no se ha llegado a la totalidad, ya que todavía existe una decena de ayuntamientos incumplidores, lo que representaría un 3,24% de los 309 municipios que en su día no cumplieron y que siguen con la asignatura pendiente, bien porque no han presentado ninguna documentación o porque lo han hecho de forma incompleta.
La mayoría de los ayuntamientos que todavía no han presentado las cuentas son municipios pequeños, por debajo de los 10.000 habitantes, y se trataría de las siguientes poblaciones: Hostalets de Pierola, Mont-ral, Pobla de Montornès, Tavertet y Tona. Hay que añadir los cinco municipios que han presentado la documentación de forma incompleta: Llagosta, Montblanc, Òrrius, Sant Esteve Sesrovires y Vilassar de Mar.
Hay que añadir que las demoras en la presentación de cuentas son importantes, ya que el 38% de los ayuntamientos que han presentado las cuentas fuera del plazo establecido lo han hecho durante 2025, en muchos casos a pocos meses de que deban presentarse las cuentas de 2024.
En palabras de Pere Ruiz, miembro de la Comisión del Sector Público del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña (CCJCC): “Esta radiografía muestra que algunas poblaciones, especialmente aquellas de menor población y por tanto, con unos recursos técnicos y humanos más limitados, tienen dificultades para rendir las cuentas dentro de los plazos establecidos. Este hecho pone de manifiesto que en un determinado segmento del sector local, la información económico-financiera y presupuestaria puede presentar debilidades significativas. Entre las diversas medidas que habría que abordar para resolver esta problemática, una de ellas podría ser potenciar los mecanismos de fiscalización externa, contando con la colaboración de auditores privados allá donde no puedan llegar los órganos de control públicos, lo que reforzaría la fiabilidad y transparencia de las cuentas públicas”.
En el marco de la 16ª Jornada de Auditoría del Sector Público del CCJCC , se han abordado las nuevas tendencias en la fiscalización y auditoría pública y se ha expuesto el caso paradigmático del Ayuntamiento de Barcelona, que entre los grandes municipios catalanes, sería el único que actualmente audita las cuentas externamente por parte de una firma independiente. Lo hace de forma voluntaria porque no hay una ley que obligue a los municipios a hacerlo. En el caso de la capital catalana audita las cuentas con la colaboración de firmas externas, pero quien acaba firmando la auditoría, y por tanto, quien tiene la última palabra es el interventor municipal.
GESTIÓN NO FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO
La transparencia en el sector público a través de auditorías es la vía para garantizar unas instituciones sólidas y con buena salud financiera. Sin embargo, este principio también debería trascender a la parte no financiera de estas instituciones y desde el CCJCC también se quiere abogar por despertar esta sensibilidad en el sector público: “Así como siempre hemos defendido que es importante que las cuentas financieras públicas sean auditadas de forma independiente, también es importante que el sector público no quede al margen de las exigencias en carácter de sostenibilidad y que haga este ejercicio de transparencia que ahora mismo tiene un carácter voluntario pero no obligado”, apunta Pere Ruiz.
Con la intención de sensibilizar sobre esta necesidad y promover el compromiso del sector público con la sostenibilidad, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) ha creado el Observatorio de la Información sobre Sostenibilidad de Entidades del Sector Público (OISESP) , que se ha presentado en Cataluña en el marco de la Jornada de Auditoría. El OISESP recoge casos de buenas prácticas y ofrece una aplicación que permite identificar y mapear el universo español de entidades públicas (Sector Público Estatal, Autonómico y Local), al que sería de aplicación la presentación de información en sostenibilidad teniendo en cuenta el marco actual exigido a las empresas privadas por la Directiva de la UE 2022/2464.
Una simulación sobre el sector público a través de esta plataforma del OISESP, con los requisitos actuales, revela que en Cataluña el 24% de las entidades públicas analizadas deberían presentar informes de sostenibilidad . En algunos casos ya encontramos entidades públicas que son un ejemplo de buenas prácticas por su liderazgo en el compromiso con la sostenibilidad y que recogen de forma sistemática sus avances en informes. Sería el caso de las universidades y, tal y como recoge la OISESP, la Universidad de Barcelona sería un buen ejemplo.
El Observatorio también destaca como ejemplo positivo la plataforma Mapa Barcelona + Sostenible, un proyecto participativo del que forman parte empresas, entidades y el Ayuntamiento de Barcelona, que ofrece una herramienta digital para visibilizar iniciativas sostenibles en la ciudad.