El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y el alcalde de Torrox, Óscar Medina, han presentado el ambicioso plan para la construcción de una nueva sede judicial en la localidad malagueña. Este proyecto, muy esperado por la comunidad local, busca resolver los problemas de espacio que enfrenta el actual edificio judicial y está diseñado para satisfacer las necesidades presentes y futuras.
Con una superficie que casi triplica la del antiguo edificio, la nueva sede contará con instalaciones modernas y adaptadas a las exigencias del siglo XXI, permitiendo que Torrox se posicione como una de las mejores sedes judiciales de Andalucía. Este nuevo espacio no solo mejorará la operatividad judicial en la zona, que actualmente sirve a casi 60,000 habitantes de ocho municipios, sino que también será un ejemplo de funcionalidad y accesibilidad.
El proyecto se financia a través de una colaboración público-pública; el Ayuntamiento asumirá la construcción del edificio, y la Junta de Andalucía pagará un canon durante 30 años, lo que permitirá una recuperación significativa de la inversión inicial. Esto se traduce en más de seis millones de euros que el Ayuntamiento obtendrá a lo largo de este periodo.
El antiguo palacete que alberga los juzgados actualmente es considerado obsoleto y no cumple con los estándares de accesibilidad ni eficiencia energética. La nueva sede, que se construirá en el solar del antiguo campo de fútbol de San José, incluirá varias salas adecuadas para el funcionamiento judicial, como salas de vistas y oficinas para profesionales, garantizando un servicio ágil y cómodo a los usuarios.
El consejero ha afirmado que esta inversión es una sólida apuesta por los ciudadanos de Torrox y su comarca, asegurando que la nueva infraestructura cumplirá con todas las normativas de accesibilidad, incluyendo recursos para personas con discapacidad, y múltiples accesos diferenciados para garantizar la seguridad.
El proceso ha sido catalogado como un “día histórico” por el alcalde, quien subrayó la urgencia de atender esta demanda, que ha permanecido sin respuesta durante tres décadas. Con la planificación ya en marcha y el proyecto de ejecución en desarrollo, se espera que las obras puedan comenzarse a licitar a principios de 2026 y que se terminen en un plazo de aproximadamente dos años.
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