La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de Andalucía ha establecido un nuevo protocolo que proporciona una protección integral a las funcionarias del ámbito judicial que son víctimas de violencia de género. Este protocolo, el primero de su tipo en España, se aplicará a aproximadamente 9,000 funcionarios en el sector, de los cuales un 70% son mujeres.
Entre las medidas implementadas, se incluye el derecho a solicitar traslados sin afectar su situación económica, así como el abono de gastos de mudanza y un indemnización por cada familiar que se traslade con ellas. Además, las afectadas podrán beneficiarse de una reducción de la jornada laboral y otros ajustes de horario.
El nuevo protocolo también contempla la creación de un Agente de Igualdad para atender consultas y quejas relacionadas con violencia de género. Cambios relevantes también estarán dirigidos a la formación del personal y a la difusión de campañas educativas encaminadas a erradicar la violencia machista.
Este conjunto de iniciativas se encuentra enmarcado en el I Plan de Igualdad para el Personal de la Administración de Justicia, que busca garantizar la igualdad de oportunidades y promover la seguridad de las mujeres dentro de este sector.
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