Reorganización de la Ciudad de la Justicia en Córdoba para Implementar la Ley de Eficiencia

La Nueva Estructura de la Ciudad de la Justicia de Córdoba

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía está llevando a cabo una importante reorganización del edificio de la Ciudad de la Justicia de Córdoba con el objetivo de cumplir con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que comenzará su aplicación en la capital el próximo 31 de diciembre.

Esta reestructuración implica una redistribución significativa del espacio, que incluirá nuevas áreas para mediación y atención al público, además de mostradores que facilitarán la interacción entre el público y el sistema judicial. Tal y como explica el Consejero José Antonio Nieto, se eliminarán los 39 juzgados unipersonales y se integrarán en un único tribunal que incluirá un Servicio Común General, un Servicio Común de Tramitación, y un Servicio Común de Ejecución.

Las nuevas instalaciones se distribuirán de la siguiente manera:

• Planta Baja: Parte del Servicio Común General y el Registro Civil.
• Primera Planta: Continuación del Servicio Común General, con mostradores de atención al público, una zona para mediación, y una sala de conciliación.
• Segunda Planta: Estará dedicada al Gabinete jurídico de la Junta y a salas para declaraciones.
• Tercera y Cuarta Planta: Se instalarán servicios comunes de Tramitación y Ejecución, así como secciones como la Contencioso-Administrativa y Social.

El total de la plantilla del partido judicial de Córdoba, que ahora contará con 406 funcionarios, se organizará de manera flexible alrededor de estas nuevas secciones, lo que implica la aprobación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo que incluirá 19 puestos de jefatura.

El impacto económico inicial proyectado para la reorganización de estos espacios es de 74.000 euros anuales en personal y alrededor de 50.000 euros en obras menores. Sin embargo, la implementación total de esta ley se estima que costará cerca de 57 millones de euros a la Junta de Andalucía, que asumirá el costo total al no recibir apoyo del Gobierno de España.