El Consejo de Gobierno de Andalucía ha formalizado el acuerdo alcanzado el 12 de noviembre de 2025 en la Mesa General de Negociación Común, un pacto entre la Junta de Andalucía y organizaciones sindicales como CSIF, UGT y CCOO. Este acuerdo busca mejorar el empleo público y asegurar la calidad de los servicios, en línea con la Ley de Función Pública de Andalucía. Se trata de un paso significativo hacia la modernización del sector público andaluz, estableciendo un camino claro para el futuro.
Con un horizonte de cinco años y un presupuesto estimado en 250 millones de euros, esta iniciativa busca transformar la administración pública para que sea más eficaz y centrada en la ciudadanía. Se prevé consolidar la carrera profesional y el sistema de evaluación del desempeño, promoviendo la transparencia y el reconocimiento del esfuerzo de los trabajadores.
El acuerdo también aborda la necesidad de modernizar el sistema retributivo. Se planea reemplazar el **complemento específico** con un nuevo complemento que refleje mejor la responsabilidad y dedicación, con lo que se espera poner fin a desigualdades históricas en el modelo.
Además, se contempla una estrategia de empleo para reducir la temporalidad a menos del 8%, garantizando vacantes y evitando abusos en los contratos temporales. La seguridad laboral se prioriza mediante el desarrollo de recursos de prevención de riesgos, enfatizando la salud y bienestar de los empleados públicos.
Este acuerdo no solo representa un cambio en la gestión pública, sino que también establece un marco para fomentar la motivación y la estabilidad laboral, elementos que son cruciales para una atención al ciudadano más eficaz. La modernización de la administración no solo tiene implicaciones dentro del sector público, sino que jugará un rol fundamental en el impulso del desarrollo económico y social en la región, atrayendo inversiones y fomentando un entorno más competitivo.
Una vez ratificado, el acuerdo comenzará a aplicarse formalmente tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030.
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