Dincat reclama justicia social ante el maltrato institucional del Gobierno catalán

La Asociación Empresarial de Economía Social Dincat denunció el “maltrato institucional” ejercido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña al recortar, dijo, derechos fundamentales de más de 10.000 personas con discapacidad intelectual y especiales dificultades, “condenándolas a una mayor precariedad y poniendo en riesgo su derecho a trabajar con dignidad, seguridad y con los apoyos que necesitan”, informó esta entidad, integrada en Plena inclusión Cataluña.

Dincat, asociación representante del sector de la discapacidad intelectual y del desarrollo en Cataluña, denunció “con toda contundencia un acto de maltrato institucional inadmisible”. La decisión del Departamento de Empresa y Trabajo de reducir más de 5 millones de euros destinados al personal de apoyo de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (Ceeis) “es un ataque directo a la salud, al bienestar y a la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual”. Estos profesionales (psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y pedagogos, entre otros) “son esenciales para garantizar un empleo seguro, digno y adaptado”, explicó Dincat, que añadió que “recortar este apoyo no solo es un error: es una irresponsabilidad política de primer orden”.

“El Gobierno catalán todavía no ha pagado ni un solo euro de la financiación de 2025, obligando a las entidades a adelantar y endeudarse en 153 millones de euros, con un coste en intereses de más de 3 millones solo para poder pagar salarios. Se trata de una gestión nefasta, injustificable y sin precedentes”, denunció Dincat, que consideró esta actitud un “agravio”.

“Esta situación no es solo un problema de financiación: es una cuestión de justicia social y responsabilidad política”, expresó el director de Dincat, Víctor Galmés: “No aceptaremos más compromisos en falso ni más decisiones que pongan en riesgo la dignidad, los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en Cataluña”.

Golpe económico para los CEEIs

El impacto “recae especialmente en los 93 Ceeis” sin ánimo de lucro de Dincat, que durante meses “han absorbido el golpe económico para proteger los puestos de trabajo y mantener la atención a las personas”. Pero el modelo está al límite: “Si los recortes y el endeudamiento se mantienen, muchas entidades sociales no podrán sostener su actividad y el futuro laboral de miles de personas quedará en peligro inminente”, añadió.

Esta asociación explicó que “este ataque hace retroceder décadas de trabajo y desmantela el principal modelo que hoy garantiza oportunidades reales de inclusión sociolaboral”. “En un contexto en el que solo 1 de cada 5 personas con discapacidad intelectual tiene empleo, la Generalitat, en lugar de reforzar la estructura que funciona, la está debilitando hasta ponerla en riesgo de colapso. Hablamos de un maltrato institucional con consecuencias directas sobre los derechos, la dignidad y el futuro de las personas más vulnerables”.

Por todo ello, Dincat exigió al Gobierno catalán que “revierta de manera inmediata el recorte de 5 millones de euros previsto para 2025 destinado al personal de apoyo, y que garantice que una medida así no vuelva a repetirse”. También reclamó “que se haga efectivo con urgencia el pago de la deuda acumulada de 153 millones de euros y que se asuma el gasto extra de más de 3 millones de euros que las entidades han tenido que afrontar por el endeudamiento forzado”.

Además, instó a la Generalitat a impulsar, de forma inmediata y con la participación del sector,” la revisión del modelo de inserción sociolaboral, asegurando los apoyos necesarios tanto a los CEEIs como a la empresa ordinaria, incluyendo metodologías como el Empleo con Apoyo, y garantizando la protección de los más de 10.000 puestos de trabajo de las personas del colectivo”.

300 entidades sociales

Dincat es la principal representante de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en Cataluña. Agrupa a cerca de 300 entidades sociales y representa los derechos de más de 85.000 personas del colectivo y sus familias en el territorio. Sus reivindicaciones se recogieron “en la petición lanzada por Dincat en la plataforma Change.org, con el objetivo de sumar el máximo de apoyos posibles y lograr revertir esta situación tan grave”.