José Antonio Nieto, consejero de Justicia, y Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), han expresado su preocupación por el grave déficit de jueces en la comunidad autónoma. Este déficit está dificultando la implementación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que se encuentra en su fase final. El consejero subrayó que la Junta está asumiendo, sin apoyo estatal, los costos de esta reforma, que incluye la ampliación de plantillas y la modernización de las sedes judiciales. A pesar de estos esfuerzos, en 2025 no se ha previsto la incorporación de jueces adicionales a la comunidad.
Durante una reunión de la Comisión Mixta con el TSJA, se discutió la creación de cerca de un centenar de nuevas plazas para funcionarios, así como mejoras en los sistemas informáticos y las instalaciones judiciales. Se estimó que la reforma judicial podría costar más de 56 millones de euros, lo que ha generado inquietud sobre la viabilidad de la misma.
Nieto hizo hincapié en la necesidad de contar con más jueces para mejorar la calidad del servicio judicial en Andalucía y solicitó al Ministerio de Justicia una respuesta favorable, ya que anteriormente otras comunidades como Cataluña habían recibido apoyo.
En la misma reunión, se abordaron otros temas, incluyendo un protocolo para la gestión de depósitos judiciales y la mejora en el uso de las salas Gesell, que son cruciales para la declaración de testigos vulnerables. Estas medidas buscan optimizar los recursos y garantizar una justicia más humanizada.
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