La Junta de Andalucía aprueba una nueva Ley de Vivienda que facilita el acceso a la vivienda protegida

Aprobación de la Ley de Vivienda de Andalucía

El pleno del Parlamento de Andalucía ha dado el visto bueno a la Ley de Vivienda de Andalucía, una legislación que busca aumentar el acceso a la vivienda mediante la oferta de viviendas protegidas (VPO) y a precios accesibles. La ley se articula sobre cuatro pilares fundamentales: el incremento de la oferta de VPO, la rehabilitación de inmuebles, facilitar la disponibilidad de suelo, y reducir la burocracia que acompaña a los proyectos habitacionales. Además, se enfatiza la seguridad jurídica para los propietarios enfrentando el desafío de la ocupación ilegal.

La consejera Rocío Díaz ha destacado la importancia de la vivienda como un asunto que debe unir a todos los sectores y ha manifestado su compromiso por el diálogo y el consenso que han caracterizado el proceso de creación de esta ley. Este marco normativo es el primero que emana de una comunidad autónoma tras la promulgación de la ley estatal y busca corregir efectos negativos como el aumento en los precios y la disminución de la oferta de vivienda.

La nueva ley no solo aboga por un mayor número de viviendas, sino que también introducirá áreas prioritarias donde se concentrarán recursos para facilitar el acceso a la vivienda a través de ayudas al alquiler, compra, e incentivos para la construcción o rehabilitación de inmuebles. También se promoverá la colaboración entre el sector público y privado para diversificar las opciones de vivienda asequible.

Por otro lado, se apostará por la rehabilitación de viviendas y la mejora del parque residencial existente, teniendo en cuenta aspectos de sostenibilidad social y medioambiental, y se establecerán mecanismos para garantizar el uso correcto de las viviendas, combatiendo la ocupación ilegal.

La ley facilitará una simplificación administrativa que ayudará a consolidar diferentes normativas existentes, derogando varias leyes anteriores relacionadas con la vivienda. Todo este desarrollo se ha hecho tras un extenso proceso de consulta que ha incluido más de 600 alegaciones de distintas entidades.