El Proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM) ha logrado superar el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento, lo que permite que continúe su tramitación parlamentaria en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, defendió este texto como una reforma integral y necesaria que moderniza un marco regulatorio desactualizado durante más de quince años.
Durante su intervención, García explicó que la Ley se adapta a un contexto actual muy distinto al que existía al promulgarse la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). Destacó los cambios en el Derecho europeo, la evolución tecnológica y la demanda social de una administración ambiental más efectiva. La consejera afirmó que la normativa debe reformarse para enfrentar los retos de 2025.
El nuevo texto se presenta como integral, moderno y alineado con las normativas europeas y estatales. Además, establece principios fundamentales de protección para las personas y el medio ambiente, enfatizando que su objetivo no es rebajar exigencias, sino aumentar la eficacia de la protección ambiental. Esto se logra mediante la integración del principio de no regresión ambiental y otros como la sostenibilidad y la transparencia.
La elaboración de la ley se considera participativa, técnica y detallada, obteniendo aportes de diversas organizaciones y la ciudadanía, incluyendo la colaboración del Pacto de Diálogo Social. Se resalta que la aprobación de esta ley representa un avance en legitimidad social y estabilidad para la norma.
En respuesta a la enmienda total del Grupo Socialista, García criticó la falta de disposición al diálogo. Sin embargo, aseguró que su departamento está abierto a mejoras en la ley durante el proceso de tramitación.
El Proyecto se estructura en nueve títulos y casi doscientos artículos para clarificar competencias y evitar duplicidades, optimizando así el trabajo de técnicos y administraciones. Destaca la planificación estratégica de referencia y la creación de un Consejo Asesor de Medio Ambiente, que fomentará el diálogo entre administraciones y organizaciones.
El Proyecto de Ley también propone un Registro de personas interesadas en procedimientos ambientales, promoviendo una participación pública activa y efectiva. Además, se busca modernizar la administración mediante herramientas digitales que faciliten un acceso fácil a la información ambiental y que optimicen la colaboración interadministrativa.
García concluyó destacando que la ley no solo implica reducción de plazos para la obtención de licencias ambientales, sino también la creación de una nueva licencia que unificará varios procedimientos para facilitar la carga administrativa a los municipios y asegurar que se mantenga la calidad ambiental.
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