Andalucía logra una notable reducción en los tiempos de espera del sistema de dependencia en enero de 2026

Andalucía presenta cifras récord en dependencia

La comunidad autónoma de Andalucía ha alcanzado un nuevo hito al reducir los tiempos de espera para acceder a la dependencia, situándose en 488 días a finales de enero de 2026. Esta reducción ha sido confirmada por el IMSERSO, destacando que es el menor tiempo de espera en los últimos 15 años. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, subraya que aunque aún hay trabajo por hacer, se han conseguido disminuir los plazos significativamente desde periodos de espera de más de tres años y medio.

Además, el año comenzó con un récord histórico en el número de beneficiarios y prestaciones, alcanzando 340.135 personas atendidas y 526.040 prestaciones. Estos resultados reflejan la efectividad del Gobierno andaluz en su esfuerzo por reforzar y agilizar el sistema de dependencia.

López citó diversas medidas estructurales implementadas en el sistema, como la simplificación de procedimientos, la creación de un aplicativo informático único para la gestión y una significativa reducción en los plazos para la apertura de nuevos centros residenciales.

Por otro lado, desde 2019, la financiación de las plazas residenciales ha aumentado en más del 26% para mayores y en 32% para personas con discapacidad. Además, el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) ha visto un incremento del 28% en su financiación. En contraste, durante el mandato de gobiernos anteriores, estas cifras fueron notablemente más bajas.

Durante la actual legislatura, se han establecido más de 5.000 nuevas plazas, garantizando su financiación presupuestaria. López enfatizó que hoy el sistema de dependencia de Andalucía cuenta con más prestaciones y menos días de espera que nunca, destacando que el presupuesto para 2026 destina 2.610,6 millones de euros a este sistema, la cifra más alta en la historia de la comunidad. La consejera también solicitó al Gobierno central un acuerdo de financiación similar al alcanzado con el País Vasco.