Administraciones de lotería solicitan al gobierno ordenar la venta online para garantizar su futuro

Administraciones de lotería trasladan al Gobierno el informe que pide regular la venta online para asegurar la supervivencia de 18.000 empleos

Las asociaciones DEDIT y LELL envían a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, al presidente de SELAE, al director general de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y a los grupos parlamentarios las conclusiones del estudio elaborado por la Mesa para la Rentabilidad y Digitalización de la Lotería Online.

Madrid, 12 de febrero de 2026 – Las asociaciones de administraciones de lotería Defensa Digital (DEDIT) y Loteros en la Lucha (LELL) han remitido una carta a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para hacerle llegar el Informe de la Mesa para la Rentabilidad y Digitalización de la Lotería Online, un estudio técnico e independiente que reclama una regulación específica de la venta online de loterías para dar seguridad jurídica al sector, salvaguardar el empleo y evitar que Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) imponga un monopolio digital que pondría en riesgo miles de empleos y la supervivencia de miles de puntos de venta, especialmente pequeños y ubicados en el mundo rural.

El estudio, elaborado por la mesa de diálogo impulsada por DEDIT y LELL, también ha sido enviado al presidente de SELAE, al director general de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y a los grupos parlamentarios, con el objetivo de que conozcan sus conclusiones y pueda servir de base técnica para el debate institucional sobre el futuro de la comercialización online de loterías en España.

Las asociaciones indican a la vicepresidenta que el resultado del trabajo de la Mesa tiene una importancia fundamental para el sector. “Se trata de un informe técnico, independiente y plural, que ha contado con la participación de diferentes entidades del sector y en el que se concluye que es necesario impulsar una regulación que permita ordenar la comercialización online de loterías protegiendo a los puntos de venta y a las inversiones que hemos realizado durante más de 20 años”.

También exponen que decidieron poner en marcha esta Mesa de diálogo “ante la negativa de SELAE de llevarla a cabo en su seno, que, entendíamos, era el lugar idóneo para que el sector hablara y debatiera sobre cómo enfrentar esta cuestión”.
Para los impulsores de esta mesa de diálogo, la digitalización “no es una opción, sino una necesidad” para que las administraciones de lotería puedan adaptarse a los nuevos hábitos de consumo sin perder su papel como comercio de proximidad, y sobrevivir en un contexto marcado por precios de la lotería congelados durante más de 20 años, comisiones desactualizadas y un incremento sostenido de los costes operativos, que implican una pérdida de rentabilidad superior al 60%, como indica el propio informe.

Las conclusiones técnicas del informe fueron expuestas públicamente esta semana por Javier Loriente, abogado del Estado en excedencia y socio del despacho ONTIER, encargado de coordinar esta mesa y elaborar el estudio. Loriente destacó en su intervención el carácter independiente y plural del informe, elaborado tras más de seis meses de trabajo y un proceso de escucha activa con administraciones, empresas tecnológicas, plataformas digitales y expertos jurídicos y económicos. El documento refleja un amplio consenso en el diagnóstico del sector y en la necesidad de una intervención regulatoria específica.

La red comercial de Loterías y Apuestas del Estado está formada por más de 10.600 puntos de venta, de los que dependen más de 18.000 empleos directos, muchos de ellos en municipios pequeños y zonas rurales, donde cumplen una función económica y social esencial. Sin embargo, el documento advierte de una pérdida de rentabilidad superior al 60% en los últimos años, derivada del incremento de costes, la congelación de precios durante más de dos décadas y la falta de actualización del régimen de comisiones.

El informe concluye que la venta digital es ya una realidad estructural y económicamente relevante que representa alrededor de 1.500 millones de euros al año (casi el 10% del total de los más de 10.300 millones de euros del negocio de Loterías y Apuestas del Estado), y supone entre el 15% y el 30% de la facturación de las administraciones de lotería, y constituye un elemento determinante para la continuidad del negocio, especialmente en el caso de los pequeños puntos de venta y los situados en el entorno rural.

Esta realidad ha sido avalada por organismos públicos. El Tribunal de Cuentas ha señalado que, en el Sorteo Extraordinario de Navidad de 2022, el 9,4% de los compradores adquirieron sus décimos a través de páginas web y aplicaciones de administraciones, frente al 0,17% que lo hizo a través del canal online oficial de Loterías y Apuestas del Estado. En términos absolutos, casi 2,5 millones de personas utilizaron estas vías digitales frente a unas 137.000 del canal oficial. Para DEDIT y LELL, “las conclusiones de este trabajo evidencian también que no es cierto que el proyecto tecnológico que anuncia SELAE sea una solución para el sector, que lo rechaza en su conjunto”.

El estudio subraya además que el actual marco normativo resulta insuficiente y genera inseguridad jurídica para administraciones, empresas tecnológicas y plataformas digitales, dificultando la inversión y la planificación empresarial. Las administraciones de lotería llevan más de 20 años invirtiendo en solitario y sin ayudas en la digitalización de sus negocios y en la venta online.

Entre sus principales propuestas, el informe plantea clarificar el concepto de comercialización online, reconocer expresamente la operativa digital vinculada a los puntos de venta físicos, definir requisitos específicos que garanticen la protección del consumidor y revisar las condiciones económicas para asegurar la sostenibilidad del modelo.

Una de las conclusiones clave es que sea la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) —y no SELAE— quien asuma la competencia para autorizar y supervisar la actividad digital, con el fin de garantizar la neutralidad tecnológica y evitar un posible conflicto de interés entre operador y regulador.

Las asociaciones impulsoras insisten en que “regular no es limitar”, sino ordenar una actividad que ya existe, reforzar la seguridad jurídica, proteger el interés público y preservar un modelo de red comercial plural que combine canal físico y digital sin poner en riesgo el pequeño comercio.