La tasa europea para paquetes pequeños despierta escepticismo entre expertos y organizaciones de consumidores

• Economistas y organizaciones de consumidores coinciden en que la avalancha de importaciones supone un problema y que hay que regularlo, pero dudan de que un recargo de tres euros por categoría baste para cambiar los hábitos de compra o proteger al comercio local.

Desde el pasado 1 de julio, todos los paquetes de menos de 150 euros que entran en la Unión Europea desde fuera de sus fronteras soportan un derecho de aduana fijo de tres euros, aplicado por cada categoría de producto y no por envío. El recargo, de carácter temporal hasta la reforma aduanera prevista para 2028, pone fin a la exención “de minimis” y persigue frenar la avalancha de envíos de bajo valor, reforzar los controles de seguridad y equilibrar la competencia con el comercio europeo.

Entre los analistas económicos predomina el escepticismo sobre la eficacia real de la medida, especialmente por las dudas acerca de su capacidad para corregir los desequilibrios que pretende abordar y por el posible impacto que podría tener sobre consumidores, empresas y comercio internacional. Entre los principales argumentos esgrimidos, se pone en duda que la tasa consiga reorientar el consumo hacia el pequeño comercio —uno de los objetivos con los que Bruselas ha justificado el recargo—, si bien destacan que sí se conseguirá aumentar la recaudación fiscal.

Este escepticismo también se refleja entre representantes del comercio minorista. Según una encuesta de Comertia, la asociación que representa al comercio minorista catalán de capital familiar, cerca de seis de cada diez empresas consideran que el nuevo arancel tendrá un impacto escaso o nulo sobre la competencia ejercida por las grandes plataformas de comercio electrónico, mientras que un tercio cree que sus efectos solo se apreciarán a largo plazo.

Asimismo, los expertos también advierten de que la medida podrá golpear al comercio de proximidad —como pequeños talleres de reparación de móviles o servicios técnicos que importan repuestos baratos en pequeñas cantidades— y cuestionan que, ante una asimetría real, la solución sea que todo el mundo pague los mismos aranceles en lugar de que no los pague nadie.

La exención existía porque los pequeños envíos procedentes del comercio electrónico eran algo residual, pero su crecimiento los ha convertido en la regla. Según el Real Instituto Elcano, el año pasado supusieron el 97% de los paquetes que entraron en la UE, aunque representaron apenas el 2% del valor económico. La medida busca así que un mismo producto tribute igual independientemente de cómo llegue a Europa. Como efecto colateral, varios analistas apuntan a que algunas compañías chinas podrían reubicar parte de sus operaciones en la UE o en países fronterizos para esquivar los aranceles.

Precio final

Las asociaciones de consumidores comparten una misma preocupación: que el coste acabe recayendo sobre el comprador pese a que la norma obliga a pagarlo a las empresas importadoras. FACUA confía en que lo recaudado se destine a más controles e inspecciones del mercado que frenen los productos peligrosos y los fraudes. La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) celebra el avance en seguridad, pero recuerda que el arancel lo pagan los importadores y que repercutirlo tras la compra sería ilegal.

Otras ponen el acento en el bolsillo: la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja verificar el precio final con impuestos para evitar sorpresas, y la Asociación Española de Consumidores (ASESCON), más crítica, sostiene que la tasa provocará un encarecimiento de la vida de los consumidores europeos.

Una semana después de su estreno, el balance refleja un amplio acuerdo en que el problema de fondo es real, pero no en la solución. Las organizaciones de consumidores centran su exigencia en que no existan costes ocultos y en que la recaudación financie controles efectivos, mientras que los economistas tienden a leer la tasa más como una medida recaudatoria y de presión regulatoria que como una respuesta estructural. La verdadera prueba llegará con la reforma aduanera de 2028, cuando desaparezca la exención de los 150 euros y todas las importaciones pasen a tributar como cualquier otra mercancía.