Desde abril y hasta diciembre, la Dirección General de Consumo, perteneciente a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha iniciado una campaña destinada a asegurar el cumplimiento de las normativas de consumo en los diversos establecimientos de todo Andalucía.
Esta acción se realiza en las ocho provincias de la comunidad y busca verificar aspectos fundamentales para la protección de los derechos de los consumidores. La inspección abarca 2.200 negocios, incluyendo tanto comercios que venden productos alimentarios como aquellos que se dedican a servicios.
Las inspecciones se centran en la existencia de hojas de quejas, la correcta visualización de los precios, y la entrega de facturas y justificantes de pago. Además, se monitorea que la información al consumidor sea clara y precisa, permitiendo así comparar productos y servicios de manera efectiva.
También se revisan aspectos como la adecuación de las balanzas en los comercios que venden al peso, así como el cumplimiento con la normativa sobre la venta de tabaco y la aplicación de precios a las bolsas de plástico.
El informe de resultados del año anterior puso de manifiesto la relevancia de estas inspecciones, destacando un total de 2.859 actuaciones en 1.763 establecimientos, de los cuales un 10,5% presentaron algún tipo de irregularidad. Las irregularidades más comunes incluyeron la falta de hojas de quejas y la incorrecta exhibición de precios.
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