La paralización de concesiones compromete en Chile 8.000 millones de dólares y unos 95.000 empleos

El Instituto Coordenadas para la Gobernanza y la Economía Aplicada advirtió este miércoles de que la suspensión de adjudicaciones de concesiones decidida por el Gobierno de Chile compromete una cartera superior a 8.000 millones de dólares ya adjudicada y alrededor de 95.000 empleos, además de quebrar la seguridad jurídica del que ha sido durante tres décadas el único modelo concesional exitoso de América Latina.

Así lo sostiene en su informe especial ‘Chile quiebra la seguridad del modelo concesional más exitoso de América Latina’, que analiza el sistema de colaboración público-privada chileno y las consecuencias del precedente abierto el pasado mes de agosto.

El documento recuerda que el Ministerio de Obras Públicas del Gobierno chileno de José Antonio Kast comunicó la suspensión de la adjudicación provisional de los corredores de transporte público de las Rutas 150 y 160 y de la Autopista Concepción-Talcahuano, en la Región del Biobío, proyectos que superan los 400 millones de dólares que ya contaban con la aprobación de los organismos técnicos.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, argumentó que los compromisos no podían absorberse bajo las actuales restricciones presupuestarias. Según el Instituto, el problema no reside en los 400 millones suspendidos, sino en el precedente que quiebra un estándar mantenido por mas de 30 años: existe un stock de más de veinte iniciativas por encima de los 10.000 millones de dólares ya adjudicadas que no han iniciado obras, y una cartera por licitar para 2026-2027 de 22 procesos por 8.016 millones.

El informe subraya que desde la adjudicación del Túnel El Melón en 1993 se han licitado en Chile 108 contratos, de los cuales 74 permanecen vigentes, con una inversión comprometida superior a 27.000 millones de dólares y multinacionales de catorce países operando en el país. La industria ha incrementado el patrimonio público en 23.418 millones de dólares.

“Su singularidad no es técnica sino institucional”, señala el documento, que destaca que el modelo ha sido administrado por ocho gobiernos de distinto signo político sin que ninguno alterara su esencia original. Esa continuidad explica, a su juicio, que el Foro Económico Mundial sitúe a Chile en primer lugar de América Latina en infraestructura vial, que el Banco Mundial lo califique como el mejor de la región en su Índice de Desempeño Logístico y que sea el único país latinoamericano con calificación de riesgo “A” y perspectiva estable.

“SEÑAL GRAVÍSIMA”

El trabajo recoge la advertencia del presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura y exministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, para quien la decisión “es una señal gravísima, porque incorpora un factor discrecional que hasta ahora no se había experimentado en el sector de las concesiones”, con posibles efectos financieros adversos, pero especialmente políticos a largo plazo de vertebración del Estado.

El Instituto sostiene que el instrumento elegido no resuelve el problema que invoca. “La concesión existe para movilizar capital privado y liberar presupuesto público. Sustituirla por obra financiada directamente por el Estado no reduce la presión sobre el erario, la aumenta”, afirma el documento, que reconoce no obstante como real y legítima la restricción fiscal que atraviesa el país.

Añade una segunda contradicción documentada: el mismo Ejecutivo anunció un plan nacional de infraestructura para generar más de 246.000 empleos y, en particular, 1.200 millones de dólares para la Región del Biobío destinados a crear 22.000 puestos de trabajo, la misma región afectada por la suspensión.

Aplicando las ratios oficiales del propio Ministerio —3.700 millones de inversión equivalentes a unos 44.000 empleos anuales— y el multiplicador de 1,5 estimado por la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto cifra el impacto de la cartera paralizada en unos 95.000 empleos en suspenso y en torno a 12.000 millones de dólares de actividad económica no generada.

El vicepresidente ejecutivo del Instituto, Jesús Sánchez Lámbas, afirmó que “Chile no compite en América Latina por su geografía ni por sus recursos: vence por previsibilidad y seguridad jurídica”, y que la calificación “A” del país “no la dan las carreteras, la da el cumplimiento de los compromisos políticos y administrativos”.

“Un contrato adjudicado que se suspende no cuesta cuatrocientos millones: cuesta treinta años de reputación construida por ocho gobiernos de todos los signos. Y esa es la única infraestructura que, una vez destruida, no se puede volver a licitar”, sostuvo.

Sánchez Lámbas reclamó restablecer las adjudicaciones resueltas, publicar el calendario de la cartera comprometida y blindar por norma el principio de que lo adjudicado se ejecuta, en un plazo máximo de doce meses. “Chile tiene por delante una brecha de infraestructura de doscientos cincuenta mil millones de dólares que no podrá cerrar sin capital privado. Y el capital privado no negocia rentabilidad: negocia certeza”, concluyó.