La Guardia Civil detiene a un trabajador e investiga a otra empleada por una muerte en una residencia de Tomares

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra como presuntas autoras de un delito de homicidio por imprudencia grave en relación con el fallecimiento de un usuario de un centro de día de Tomares (Sevilla), según informaron fuentes de este cuerpo de seguridad del Estado.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido el pasado viernes, cuando un conductor de un minibús destinado al traslado de usuarios del centro recogió a varias personas en distintos puntos y llegó posteriormente a las instalaciones, donde los usuarios descendieron del vehículo.

Un hombre de 84 años, usuario de silla de ruedas, habría permanecido en la zona trasera del minibús, habilitada para este tipo de transporte, sin que se advirtiera su presencia, según los datos recabados durante la investigación.

Después de varias horas estacionado, trabajadores del centro localizaron al hombre en su interior y avisaron a los servicios de emergencia. Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar confirmaron el fallecimiento a su llegada y se activó el correspondiente protocolo judicial.

Tras la recopilación de indicios y la toma de manifestaciones, la Guardia Civil procedió a la detención de una persona y a la investigación de otra como presuntas autoras de un delito de homicidio por imprudencia grave. Ambas formaban parte del personal geriátrico.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Plaza 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla.

Por su parte, la residencia de Tomares apartó del servicio al conductor y a la auxiliar sanitaria cuando tuvo conocimiento de los hechos y ambos continúan separados cautelarmente de sus funciones mientras avanzan las investigaciones, según fuentes del centro.

La dirección abrió una investigación interna para reconstruir lo sucedido y comprobar la aplicación del protocolo de actuación y seguridad establecido para los traslados de usuarios. Sus conclusiones serán puestas a disposición de la autoridad judicial.

La residencia mantiene su colaboración con la Guardia Civil y con la autoridad judicial y ha evitado realizar valoraciones sobre eventuales responsabilidades individuales mientras permanezcan abiertas las diligencias.