Este vertido ilegal ha desencadenado en detenciones
La Policía Nacional, junto a la Unidad Regional Operativa Medioambiental (UROM) y la Brigada Local de Información de Dos Hermanas (Sevilla), ha detenido a una persona y ha imputado a otra en el marco de la denominada “Operación Barroco”, iniciada hace un año tras descubrirse vertidos ilegales de amianto en una finca protegida declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía desde 2002.
Investigación ambiental
La finca afectada se encuentra en la Hacienda Ibarburu, en la carretera N‑IV a su paso por Dos Hermanas. Durante las pesquisas, los agentes descubrieron grandes cantidades de uralita —un material que contiene amianto y suma gravedad por su alto potencial cancerígeno— depositadas sin medidas de seguridad y en un entorno protegido, vulnerando claramente la normativa autonómica vigente. Estos residuos fueron encontrados en lugares de difícil acceso, sin ningún tratamiento o disposición adecuada, lo que generaba un grave riesgo para la salud pública.
El modus operandi de los implicados consistía en ofrecer servicios como supuesta empresa especializada en la retirada y tratamiento de residuos tóxicos peligrosos, asegurando tener los permisos necesarios. Sin embargo, tras ser contratados para el desmantelamiento de uralita, recogían el material sin adoptar precauciones, lo transportaban en furgonetas alquiladas no habilitadas y finalmente lo vertían de forma clandestina, ignorando los protocolos legales exigidos.
Fruto de esta operación, se identificó inicialmente al autor material de los vertidos, quien quedó imputado por un delito contra el medio ambiente. Prosecución de la investigación permitió localizar y detener a un segundo individuo al que, además de dicho delito, se le imputan estafa y vulneración de los derechos de los trabajadores.
La operación sigue abierta con el objetivo de esclarecer si existen otros vertidos similares en distintas zonas de Andalucía o Extremadura, así como determinar si más personas están vinculadas a estos hechos.
Consecuencias legales y ambientales
El amianto es uno de los materiales más peligrosos para la salud humana. La manipulación indebida puede liberar fibras microscópicas que, al inhalarse, son altamente cancerígenas. La normativa actual establece que solo empresas autorizadas —inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA) y con un Número de Identificación Medioambiental (NIMA)— pueden llevar a cabo su retirada, tras presentar un plan de trabajo específico a las autoridades competentes. Estas empresas deben aplicar medidas de protección para personas y entorno, y garantizar una correcta gestión y eliminación de los residuos peligrosos.
En el caso de Dos Hermanas, la finca se encuentra bajo protección legal como BIC desde 2002, lo que implica una mayor responsabilidad y exigencia en cualquier actuación realizada en su entorno.
Las detenciones evidencian que hay personas que, aprovechando la complejidad actual de la gestión de residuos peligrosos, se presentan como empresas especializadas sin reunir los requisitos legales, realizando operaciones clandestinas y negligentes, con un fuerte impacto tanto ambiental como sanitario.
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