El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales ahorra 242 millones al evitar 11 millones de horas de huelga desde 2019

El impacto del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales en la conflictividad laboral

El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) ha demostrado ser un actor clave en la reducción de la conflictividad laboral en Andalucía, evitando alrededor de 11 millones de horas de huelga desde su establecimiento en 2019. Esta labor ha resultado en un ahorro de 242 millones de euros para la economía andaluza. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, presentó estos datos durante la sesión de control del Gobierno andaluz, destacando la gestión del II Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva 2023-2025, cuya ejecución se encuentra cercana al 90%.

Rocío Blanco enfatizó que el CARL ha evolucionado de ser un organismo consultivo a convertirse en un recurso crucial para el diálogo social, proporcionando servicios esenciales que son bien valorados por los agentes involucrados. Este plan cuenta con siete objetivos estratégicos, 14 operativos y 77 medidas de apoyo, que incluyen la promoción de la igualdad de género y la prevención de la violencia en el ámbito laboral.

Entre los logros destacados, se encuentran negociaciones exitosas en sectores como el metal, la sanidad y el comercio, gracias a la mediación y apoyo del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA). Además, se han creado guías de buenas prácticas que agilizan los procesos de negociación y resuelven dudas legales.

La consejera también mencionó la reciente demanda por la Escuela de Negociadores, que ha superado las expectativas iniciales, ampliando su capacidad de matrícula de 60 a 75 alumnos. Este éxito, junto a la formación de más de 400 participantes en seminarios, sienta las bases para el futuro III Plan de Apoyo, que abordará temas relevantes como la digitalización y la transición ecológica. En conjunto, estas iniciativas refuerzan la salud del diálogo social en Andalucía, contrastando con la dirección que toma el Gobierno central, que implementa políticas sin un consenso social adecuado.