Los Juzgados de Primera Instancia se trasladan a la Ciudad de la Justicia de Sevilla
Los Juzgados de Primera Instancia de Sevilla están programados para estar completamente operativos en la Ciudad de la Justicia, en el edificio B del complejo de Palmas Altas, a partir de principios de noviembre. Esta información fue compartida por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, quien realizó una visita al edificio acompañado de autoridades judiciales.
Tras la conclusión de las obras de adecuación, que han requerido una inversión cercana a los dos millones de euros, el nuevo inmueble contará con 11 salas de vista en la planta baja, espacios de espera, despachos, salas de archivo y áreas de trabajo para los funcionarios desde la primera planta.
Nieto, junto con el presidente de la Audiencia Provincial y otros representantes judiciales, destacó las mejoras en el nuevo edificio en comparación con el anterior, sobre todo en tamaño de despachos y reorganización de salas de vistas.
Inicialmente, el traslado estaba planeado para julio, pero fue pospuesto por solicitud de las autoridades judiciales debido a la reciente reforma estatal, que busca transformar la administración de justicia implementando un nuevo modelo de tribunales.
La implementación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia busca que no solo Sevilla, sino también otras capitales andaluzas, se adapten a este nuevo sistema antes de fin de año. Sin embargo, la nueva ley conllevará un sobrecoste significativo para Andalucía, estimado entre 54 y 56 millones de euros, que deberán ser financiados por la Junta.
Con el inicio de operaciones del edificio B, el complejo de Palmas Altas contará ya con dos edificios en funcionamiento, donde trabajan aproximadamente 380 profesionales. La consejería está proyectando tener cinco edificios más operativos de aquí a 2028, buscando una mejora integral en la infraestructura judicial en Sevilla.
A pesar de las expectativas optimistas sobre la nueva Ciudad de la Justicia, el consejero Nieto expresó preocupación por el déficit de jueces en Andalucía, enfatizando que la responsabilidad de aumentar estas plazas recae en el Gobierno de España.
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