La nueva Ley del Patrimonio de Andalucía se aprueba en el Parlamento
La Ley del Patrimonio de Andalucía ha superado el debate a la totalidad en el Parlamento, avanzando en su tramitación con la finalidad de establecer un sistema moderno, eficaz y transparente para la gestión de los bienes de la Junta. La consejera de Economía, Carolina España, ha destacado que esta norma es crucial para el buen gobierno y la modernización de la administración andaluza, transformando el patrimonio público en un motor económico y social.
Durante su intervención, España afirmó: “Con esta ley, Andalucía gana orden, control y confianza. Lo que antes se consideraba un despilfarro, ahora se convertirá en recursos para reinvertir en sanidad, educación y servicios sociales”. La consejera hizo énfasis en que la actual ley, vigente desde 1986, es la más antigua de España, y que la actualización era necesaria para adaptarse a las realidades del siglo XXI.
Nuevas herramientas de gestión y control
La nueva legislación introduce innovaciones como un Inventario General digitalizado y una Plataforma de Publicidad Patrimonial que permitirá a los ciudadanos acceder a la información sobre los bienes de la Junta. España aseguró que esta ley no mercantiliza el patrimonio, sino que lo ordena y profesionaliza, garantizando transparencia y seguridad jurídica.
Además, por primera vez se establecerá un régimen sancionador para proteger los bienes públicos de usos indebidos, mientras que también se simplificarán los procedimientos administrativos involucrados en su gestión.
Un legado de orden y responsabilidad
El nuevo modelo de gestión integral implementado por el Gobierno andaluz ha permitido generar ingresos y ahorrar costes anuales significativos, subrayando la importancia de gestionar de manera responsable el patrimonio público. España concluyó afirmando que esta ley tiene como objetivo fomentar la reutilización de bienes para fines sociales, reforzando las cesiones gratuitas a ayuntamientos y entidades sociales.
La Ley del Patrimonio ha sido elaborada tras cuatro años de trabajo técnico y cuenta con el apoyo de varios órganos consultivos, implementando un enfoque que favorece la transparencia y el rigor en la gestión de los bienes públicos, en beneficio de toda la comunidad andaluza.
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