La Junta de Andalucía destina más de 56 millones de euros para implementar la Ley Bolaños sin apoyo estatal

La Junta de Andalucía invierte en la Ley Bolaños

La Junta de Andalucía ha anunciado una inversión de más de 56 millones de euros para implementar la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, a pesar de no recibir apoyo económico del gobierno central. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, presentó en la Comisión parlamentaria esta inversión que se destinará a transformar el modelo de justicia en la comunidad.

Este esfuerzo ha permitido que los 12 principales partidos judiciales de Andalucía, que reúnen a casi 5.400 funcionarios, se adapten a un nuevo sistema de trabajo colegiado. En total, 85 partidos judiciales han sido transformados bajo esta iniciativa, lo que ha exigido la reestructuración de las relaciones de trabajo y la creación de nuevas plazas de empleo.

La implementación de la reforma se ha llevado a cabo en tres fases, siendo la última la más compleja, ya que abarcó a las áreas más grandes. En este proceso, se creó una nueva estructura de trabajo en secciones y servicios comunes, mejorando la coordinación y eficiencia de los cuerpos judiciales. A pesar de que se esperaba un ahorro de 63 millones de euros gracias a la reforma, el coste total para Andalucía es de aproximadamente 56 millones, como señaló el consejero.

Nieto también destacó que la Junta ha incrementado las plantillas judiciales con cerca de 100 nuevas plazas, junto con 283 nuevas jefaturas. La nueva estructura también incluye un esfuerzo significativo en la adaptación de los sistemas informáticos y la infraestructura necesaria para garantizar un entorno de trabajo más funcional.

Andalucía ha demostrado ser una de las comunidades más avanzadas en la implementación de esta ley, reduciendo significativamente el número de sentencias sin ejecutar y mejorando los procesos judiciales en comparación con el resto del país.

Reforzamiento en Justicia

El consejero también mencionó iniciativas sobre los Medios Alternativos de Solución de Controversias, destacando la mediación como una estrategia eficaz para reducir litigiosidad. Según los últimos informes, Andalucía ha logrado avanzar en este ámbito, ocupando la sexta posición en la tasa de litigiosidad nacional, una mejora notable respecto al año anterior.