La Junta de Andalucía y la Lucha Contra Edificaciones Ilegales
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha realizado un informe sobre las acciones llevadas a cabo para combatir la construcción de edificaciones ilegales en su territorio. En 2025, la Junta registró un total de 1.986 intervenciones, destacando el uso de precintos, una herramienta que ha incrementado notablemente desde la implementación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista). Desde que esta ley entró en vigor a finales de 2021, se han realizado 1.590 precintos.
Este año, se precintaron 351 edificaciones ilegales, un número ligeramente inferior al de años anteriores, pero que refleja la continuidad en el trabajo de inspección. Además, la inspección no solo se limita a los precintos iniciales; también se han llevado a cabo más de 400 reprecintos, sumando un total de 700 intervenciones en edificaciones ilegales.
En cuanto a la labor inspectora, se emitieron 612 actas de inspección y se iniciaron expedientes de protección para 484 edificaciones, un aumento significativo en comparación con años anteriores. La colaboración con otros agentes como el Ministerio Fiscal y las Fuerzas de Seguridad ha sido fundamental. En el pasado año, se elaboraron 160 informes periciales, cifra que denota un récord en la judicialización de infracciones.
La Junta también ha abierto 155 procedimientos sancionadores y ha comenzado 178 multas coercitivas, que han generado ingresos por un total de más de cuatro millones de euros. Este enfoque proactivo ha llevado a que 54 autodemoliciones sean realizadas, abarcando desde la retirada de instalaciones ilegales hasta la demolición total de edificaciones.
El gobierno andaluz ha enfatizado la necesidad de una gestión sostenible del territorio, combatando las consecuencias del urbanismo ilegal a través de un plan de inspección con una mayor descentralización y presencia en el terreno. Se prevé la actualización de normativas para hacer más efectivas estas acciones.
Finalmente, se han establecido medidas para proteger al personal encargado de las inspecciones, garantizando su seguridad en entornos potencialmente peligrosos.
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