Vicente Boluda señala una supuesta extorsión del jefe jurídico de Puertos del Estado

La querella por denuncia falsa presentada por el jefe de los servicios jurídicos de Puertos del Estado contra el armador y naviero Vicente Boluda Fos ha quedado vista para sentencia en Las Palmas de Gran Canaria.

Tras casi cinco horas de juicio, la Fiscalía y la defensa reclamaron este jueves la absolución del empresario, que obtuvo una gran trascendencia pública como presidente del Real Madrid, consolidándose como uno de los empresarios más poderosos de España por su liderazgo en el sector marítimo y su división de remolcadores.

La acusación particular, en cambio, solicitó dos años de cárcel y una indemnización de 25.000 euros por los daños morales causados a José Antonio Morillo-Velarde, abogado jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado.

Contexto

El conflicto entre ambos comenzó en 2020, cuando Repaba, una de las sociedades de Boluda, se querelló contra seis altos cargos de Puertos del Estado y de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), entre ellos Morillo-Velarde. El jurista decidió ir a título personal contra Vicente Boluda por las falsedades de su acción penal, que fue archivada con la imposición al empresario de pagar las costas procesales.

En líneas generales, Boluda acusaba a Morillo-Velarde de urdir una trama con José Llorca, presidente de Puertos del Estado, para influir en la Abogacía General del Estado y permitir la entrada de FairPlay en el Puerto de Las Palmas, una compañía alemana que es uno de sus competidores en el sector europeo del remolque.

La prueba practicada en la vista oral de este jueves revela más bien lo contrario, esto es, que fue Boluda quien usó su influencia para conservar el monopolio de los remolcadores, tras considerar que las decisiones tomadas por la APLP eran ilegales y afectaban a sus intereses.

Choclán, de testigo

Dichas testificales, en cualquier caso, no fueron suficientes para convencer al fiscal, que se apoyó en las declaraciones de la defensa para respaldar la petición de absolución con un doble argumento: Boluda no participó en la elaboración de la querella, sino sus abogados José Antonio Choclán y Francisco Jiménez de Cisneros, y los hechos denunciados eran “ciertos a priori”, sin que se haya demostrado que fueran “inventados”.

El propio Boluda, tras cuatro horas sentado en el banquillo, explicó que su asesoría jurídica contrató a Choclán y Jiménez de Cisneros para analizar la viabilidad de la querella: el primero desde su condición de ex magistrado y reputado penalista, el segundo como catedrático de derecho administrativo y asesor externo de la empresa.

Tensión

Ambos letrados, que declararon como testigos de la defensa, verificaron la versión del naviero y protagonizaron los momentos más tensos del interrogatorio, teniendo que salir la magistrada en defensa de la honorabilidad de Choclán. El letrado de la acusación particular, Jesús Mandrí Zárate, reprochó a su colega que no corrigiera errores materiales, como la alusión a Llorca cuando ya no era presidente de Puertos del Estado y había sido sustituido por Ornella Chacón, o confundir una consulta con el informe que finalmente sirvió de base para montar la supuesta conspiración contra Boluda.

Esos lances entre abogados quedaron finalmente en un segundo plano, desdibujados entre tecnicismo portuarios y alusiones personales, sobre todo cuando el naviero aludió a la supuesta extorsión de Morillo-Velarde para retirar la querella a cambio de una suculenta cifra económica.

Ánimos de revancha

Asegura Vicente Boluda que primero le pidió 600.000 euros, luego 450.000 euros a través de su hijo y, poco antes del juicio, 90.000 euros más los 25.000 de los daños morales. Su letrado, tras esa manifestación, anunció que emprendería acciones legales contra Morillo-Velarde, confiando en que el fallo de este juicio sea favorable para su cliente.

Y es que el ambiente en la sala era de venganza y revancha. El querellante desmintió la supuesta extorsión. Dijo que no se reunió en Santander con el hijo de Boluda, sino que se lo encontró en una boda en Madrid, y ambos hablaron de la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero sin aludir a esas cantidades. Posteriormente si le ofreció retirar la querella a cambio de una “carta de disculpa y los 25.000 euros por los daños morales”, aclaró en su interrogatorio.

“Mi currículo es impecable y es inaceptable q me presenten una querella basada en hechos falsos. Me jubilo en tres meses y no tengo nada que perder. En 40 años de ejercicio he visto a mucho inocente con la vida machacada por querellas falsas”, añadió Morillo-Velarde para explicar la motivación de su querella.

Licencia condicionada

Es más: sostuvo que los hechos ocurrieron al revés de lo descrito por Choclán en la querella. No elaboró dos informes, sino uno, y no lo hizo de forma arbitraria, sino porque una filial de FairPlay solicitó licencia de remolque, los pliegos aún no estaban adaptados a la nueva Ley de Puertos del Estado y la APLP necesitaba saber si era posible conceder un permiso condicionada a esa futura adaptación.

Antes de eso, el abogado del Estado de Santander, tras un conflicto con una empresa de estiba, planteó el mismo problema al que luego se sumó Las Palmas. Por eso se elevó la consulta a la Abogacía del Estado, que se mostró partidaria de conceder las licencias para facilitar la competencia y evitar el colapso del sistema portuario español.

Por eso informó Morrillo-Velarde a favor de la entrada de FairPlay en el Puerto de Las Palmas. El jurista asegura “eso no le gustó al señor Boluda” y Puertos del Estado decidió “darle la vuelta” a su dictamen. ¿Cómo? Pidiendo un nuevo informe a la Abogacía General del Estado, pero esta vez con los motivos de la consulta elaborados directamente por Francisco Jiménez de Cisneros, que es el abogado de confianza para los asuntos administrativos de la empresa. “En 44 años nunca me había encontrado en una situación así”, subraya el funcionario, aún molesto porque la nueva dirección del organismo, tras la dimisión de Chacón, no se fiase de él y le excluyeran de esas reuniones.

Sentencias a favor de Boluda

La presión ejercida por Boluda ha dado sus frutos porque FairPlay ha dejado el Puerto de Las Palmas al no poder cumplir las condiciones del nuevo pliego del remolque. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TJSJ), además, ha anulado la licencia condicionada que se le dio, y la Sala de lo Contencioso Administrativo también ha respaldo los nuevos pliegos de prescripciones técnicas de la APLP.

Otros testigos que declararon este jueves fueron Ornella Chacón y José Llorca, expresidentes de Puertos del Estado, Leandro Melgar Casillas, empleado de este organismo, y María Bosch, secretaria del Consejo de Administración de la APLP y jefa de sus servicios jurídicos.

Sólo Melgar aportó detalles relevantes para apuntalar la tesis de Morillo-Velarde, aunque Llorca también dejó una buena perla: “La querella de Boluda es falsaria porque nuestra política era abrir la competencia y acabar con los monopolios del sector portuario”, dijo este ingeniero. En la actualidad, tras cesar como presidente de Puertos del Estado, es responsable de Innovación.