La adjudicación del multimillonario contrato para construir y gestionar las nuevas plantas de transferencia y compostaje de residuos en Gádor, un pilar en la política ambiental del Poniente almeriense, se ha visto sacudida por una disputa entre administraciones que amenaza su credibilidad, según ha publicado esta mañana Merca2. El proceso, valorado en más de 500 millones de euros, se vio enturbiado el 28 de mayo, cuando en la mesa de contratación afloraron discrepancias calificada como “inusuales”. Según las actas de la sesión, la Diputación impulsa la exclusión de dos licitadores clave por supuesta “contaminación técnica” de sus ofertas, una decisión que ha generado críticas por falta de base jurídica y cuestionado la transparencia del proceso.
La controversia estalló cuando representantes de la Diputación, presidida por Javier Aureliano García Molina, propusieron excluir a dos de los licitadores señalando una supuesta “contaminación” en las iniciativas técnicas presentadas. No obstante, asistentes a la reunión y técnicos asistentes señalaron que no existen fundamentos legales sólidos para tal acusación. Según fuentes cercanas, esta decisión no se ampara en los pliegos, lo que ha levantado serias dudas sobre la equidad y objetividad del proceso.
Desde los entornos oficiales de la Diputación, se defienden alegando que la medida responde a asegurar la integridad técnica del proyecto y evitar eventualidades que puedan generar sobrecostes o retrasos. Sin embargo, fuentes presentes en la mesa de contratación replican que no se mostró evidencia concreta de fallos técnicos, y la jugada ha suscitado críticas por falta de transparencia.
Este contrato es clave para Almería: la infraestructura busca centralizar y modernizar la gestión de residuos en el Poniente, optimizando la separación, transferencia y transformación de desechos orgánicos. Además, se vincula directamente a objetivos ambientales de la Junta de Andalucía, como parte del esfuerzo por una gestión sostenible y cercana a la economía circular.
En este contexto, el choque institucional pone en riesgo no solo la buena marcha del proceso, sino también la percepción pública sobre la capacidad de las entidades implicadas para manejar proyectos de gran envergadura sin interferencias políticas. La situación ha abierto debate sobre si las discrepancias se deben resolver a través de aclaraciones formales en la mesa de contratación, arbitraje administrativo, o incluso vía judicial.
El calendario del procedimiento continúa, con plazos ajustados para que los licitadores presenten alegaciones. Técnicos consultados insisten en la importancia de zanjarlas con argumentos claros antes de avanzar a la fase de adjudicación definitiva, prevista para finales de mes. El desarrollo de este proceso será observado con lupa por parte de empresarios, ayuntamientos y colectivos locales: el éxito o fracaso de esta adjudicación tendrá impacto directo en la recogida de residuos y la imagen institucional en Almería.
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