La Diputación de Almería, presidida por Javier Aureliano García Molina, impulsa la exclusión de competidores en un contrato estratégico mientras crecen las sospechas por un supuesto trato preferente hacia Acciona, empresa salpicada por escándalos en Colmenar Viejo y el Caso Koldo.
El proceso de licitación para la construcción y explotación de las plantas de transferencia y compostaje de residuos en Gádor (Almería) está siendo cuestionado por la supuesta aparente falta de neutralidad de la Diputación de Almería, que, a través de sus representantes en la mesa de contratación, está promoviendo la exclusión de dos de los licitadores. Las maniobras, que se basan en acusaciones sin fundamento técnico ni jurídico, favorecen de forma directa a la UTE liderada por Acciona, una de las principales candidatas, según fuentes próximas a la mesa de contratación.
La tensión se desató durante la sesión de finales de mayo, cuando vocales vinculados a la Diputación insistieron en excluir a dos ofertas bajo la excusa de “contaminación técnica”, pese a que los técnicos responsables del informe —y resoluciones de tribunales de contratación— avalaban su validez. La decisión de posponer la adjudicación hasta el 17 de junio no ha calmado las aguas, y el clima de sospecha se ha agravado por el perfil de una de las compañías presuntamente beneficiadas: Acciona.
La empresa arrastra un historial de prácticas cuestionadas en la gestión de residuos. En Colmenar Viejo (Madrid), Acciona fue señalada por su participación en el macrovertedero de la Mancomunidad del Noroeste, donde múltiples actores denunciaron adjudicaciones amañadas y decisiones administrativas dirigidas a favorecer a operadores concretos, como Acciona, en detrimento de alternativas más competitivas. La falta de transparencia y los recursos interpuestos contra ese procedimiento aún siguen en revisión.
A este contexto se suma la reciente implicación de contratos adjudicados a Acciona en el marco del Caso Koldo-Cerdán, una trama de corrupción que ha salpicado a altos cargos del Gobierno y a empresas adjudicatarias en contratos durante la pandemia. Aunque la empresa no ha sido imputada formalmente, su nombre aparece vinculado en diversas fases del procedimiento judicial como adjudicataria beneficiada en entornos bajo sospecha.
Los participantes en la licitación de Gádor ven con preocupación que una institución como la Diputación, sin ser promotora ni usuaria directa del servicio, tenga capacidad de influir de forma decisiva en la exclusión de competidores. “Estamos ante un escenario que reproduce esquemas de opacidad ya vistos en otros puntos del país, y en los que Acciona siempre aparece en la foto”, señala un actor del sector que prefiere mantenerse en el anonimato.
La adjudicación de más de 500 millones de euros, prevista para el 17 de junio, será una prueba clave no solo para el futuro de la gestión de residuos en Almería, sino también para la credibilidad institucional en un contexto nacional sacudido por la sospecha de corrupción en la contratación pública.
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