El Consejo de Gobierno aprueba una nueva Ley para la Gestión Ambiental en Andalucía

El consejo de Gobierno andaluz impulsa la nueva Ley de Gestión Ambiental

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha dado luz verde al Proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (Legam), una iniciativa que actualiza y renueva profundamente la legislación ambiental en la comunidad. Esta nueva norma será enviada al Parlamento de Andalucía para su tramitación.

La Legam busca actualizar la normativa andaluza a las transformaciones que han acontecido en las últimas dos décadas tanto en el ámbito europeo como estatal, y van a reemplazar a la vigente Ley 7/2007, la cual ha sido modificada en diversas ocasiones desde su entrada en vigor.

Con esta legislación, se proporcionan a la Junta de Andalucía nuevas herramientas que responden a los desafíos actuales en materia ambiental. El proceso de diseño de la ley se ha llevado a cabo de forma participativa, colaborando con los principales actores sociales y económicos de la comunidad, dentro del contexto del Pacto de Diálogo Social firmado en 2023 con los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEA.

La nueva ley incorpora medidas que garantizan una mayor rapidez y calidad en la toma de decisiones ambientales. Además, se establece un Registro de Participación Ciudadana en el que los interesados podrán inscribirse para participar en los procesos de evaluación y prevención ambiental, lo cual refuerza la transparencia y el acceso a la información.

Uno de los aspectos más destacados de la norma es la creación de la Licencia Ambiental, que sustituye a la anterior Calificación Ambiental otorgada por los municipios, agilizando así los trámites a los que se ven sometidos en materia medioambiental. Esta nueva regulación implica la creación de procedimientos más eficientes y claros, así como la reducción de la carga administrativa sobre los ayuntamientos.

La Legam también busca fomentar la ecoeficiencia y promover un desarrollo sostenible, asegurando la calidad de vida de la ciudadanía y reduciendo los impactos ambientales de las actividades económicas. La ley se estructura en 197 artículos que abordan aspectos como la gobernanza ambiental, el control y el régimen sancionador, buscando crear un marco coherente con la normativa vigente tanto en el ámbito estatal como europeo.