El Consejo de Gobierno de Andalucía aprueba un importante decreto
En su última sesión, el Consejo de Gobierno de Andalucía ha ratificado un decreto que regula la evaluación del desempeño y la carrera horizontal en la Administración General de la Junta. Esta iniciativa se ha llevado a cabo tras un acuerdo unánime con todos los sindicatos, promoviendo así la estabilidad del personal administrativo y el aumento de la calidad del servicio.
Este nuevo decreto permitirá a los empleados públicos avanzar en su carrera sin necesidad de cambiar de puesto, lo que se logrará mediante un sistema de tramos y evaluaciones positivas. Se crearán además complementos retributivos asociados a los resultados de la evaluación del desempeño, que se implementará de manera escalonada hasta 2030.
En esencia, el propósito de esta medida es mejorar las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos, garantizando al mismo tiempo una experiencia acumulada en los puestos de trabajo, lo que se traduce en un mejor servicio al ciudadano. El enfoque también está en facilitar una administración más consciente de los resultados y centrada en la mejora continua.
El decreto responde a los acuerdos establecidos en noviembre de 2025 en diversas mesas de negociación y está alineado con la Ley de Función Pública de 2023. Así, se establecen mecanismos transparentes y objetivos para la evaluación, incluyendo un sistema de autoevaluación con doble validación y creación de órganos técnicos para revisión.
La carrera profesional horizontal se estructurará en seis tramos, y el progreso dependerá tanto de la antigüedad como de méritos adicionales, como formación y participación en iniciativas de transferencia de conocimientos. Además, el sistema fomentará un nuevo contrato social entre la administración y sus empleados, buscando ofrecer un servicio público de alta calidad.
La implementación del sistema se llevará a cabo de forma progresiva y en estrecha colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), asegurando un modelo de evaluación que sea inclusivo y adaptado a la realidad de la administración andaluza.
