Ayudas del Consejo de Gobierno para la Pesca y el Marisqueo
El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado una serie de ayudas que suman más de 3,2 millones de euros dirigidas a compensar la paralización temporal de la actividad pesquera y marisquera en la región. Estas subvenciones, impulsadas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, tienen como objetivo sostener la viabilidad del sector pesquero en Andalucía, garantizando también la conservación ambiental.
Financiadas a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa), las ayudas pretenden mitigar las pérdidas económicas sufridas por armadores, tripulantes de barcos y mariscadores durante los períodos de inactividad que se establecen para preservar los recursos naturales. De esta manera, se busca mantener un sector económico que sigue siendo vital para las comunidades costeras.
División de las ayudas
Las ayudas se distribuyen en cinco líneas diferentes. Primeramente, se asignan 800.000 euros para los armadores y tripulantes de barcos de palangre de superficie del Mediterráneo, que no han podido trabajar desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2026. La segunda línea incluye otros 800.000 euros para los armadores y tripulantes de la flota de cerco del Mediterráneo, quienes respetaron el período de suspensión de actividades del 1 de marzo al 30 de abril de 2026.
Además, se reservan más de un millón de euros para los barcos que capturan chirla en el Golfo de Cádiz, que actualmente se encuentran en veda. Esta cantidad se reparte entre armadores y tripulantes conforme a sus necesidades. Las ayudas también comprenden 255.000 euros para los profesionales que usan rastros o dragas mecanizadas y que permanecerán inactivos de mayo a junio de 2026, y 250.000 euros para los mariscadores a pie que dejen de trabajar en la captura de coquinas durante el mismo período.
Compromiso continuo
Durante esta legislatura, la Junta de Andalucía ha tramitado ayudas por un total de 31,7 millones de euros, beneficiando a más de 7.780 solicitudes desde 2022. Estas cifras demuestran el compromiso del gobierno andaluz por proteger a un sector clave para la economía de sus comunidades costeras y asegurar la sostenibilidad de los recursos marinos.
