La reforma de la prevención laboral genera inquietud por su impacto en las empresas españolas

Expertos en prevención de riesgos laborales han alertado de que el anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio de Trabajo para modificar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Estatuto de los Trabajadores y el Reglamento de los Servicios de Prevención podría tener consecuencias relevantes sobre el funcionamiento del sistema preventivo español, al introducir cambios organizativos que afectan especialmente al papel de los Servicios de Prevención Ajenos (SPA), modalidad utilizada por la mayoría de las empresas del país.

Según diversos análisis técnicos, la reforma va más allá de la adaptación de la normativa a nuevos riesgos laborales y plantea una modificación de la estructura preventiva vigente desde hace tres décadas. Los expertos consideran que algunas de las medidas incluidas en el texto podrían incrementar los costes empresariales, aumentar la carga organizativa y generar tensiones en un mercado de profesionales especializados que ya presenta dificultades para cubrir la demanda existente.

El sector coincide en que la legislación necesitaba actualizarse para responder a retos como la salud mental, los riesgos psicosociales, la digitalización, el envejecimiento de las plantillas o los efectos del cambio climático. Sin embargo, los especialistas sostienen que el eje principal del anteproyecto se centra en reforzar los recursos preventivos internos de las empresas, modificando el equilibrio entre medios propios y servicios externos.

Uno de los aspectos que más debate ha generado es la nueva regulación de la figura de la persona trabajadora designada. El anteproyecto establece que esta figura deberá existir incluso cuando la empresa tenga concertada toda su actividad preventiva con un Servicio de Prevención Ajeno.

Además, introduce requisitos mínimos de dedicación, formación y coordinación que, según los expertos, suponen nuevas obligaciones organizativas para las compañías que optan por la externalización. Los análisis consultados consideran que esta medida encarece el modelo preventivo basado en servicios especializados externos al obligar a destinar recursos internos adicionales.

Las estimaciones realizadas por profesionales del sector sitúan el coste adicional para micro y pequeñas empresas entre 8.000 y 10.000 euros anuales. A ello se suma la incertidumbre que algunos expertos detectan en torno al reparto de responsabilidades entre empresario y trabajador designado, una cuestión que podría requerir futuras aclaraciones normativas o judiciales.

MÁS SERVICIOS PROPIOS

Otra de las modificaciones más relevantes afecta a los umbrales que obligan a constituir un Servicio de Prevención Propio (SPP). El anteproyecto reduce de 500 a 300 trabajadores el límite general para las empresas que no desarrollan actividades especialmente peligrosas y de 250 a 150 trabajadores para aquellas incluidas en el Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención, que engloba sectores de mayor riesgo como la construcción, la industria química o la minería.

Además de rebajar estos umbrales, la reforma incrementa el número mínimo de especialidades preventivas que deberán integrarse en los servicios propios y refuerza los requisitos organizativos exigidos. Según los expertos, estas medidas obligarán a numerosas empresas medianas a incorporar recursos especializados adicionales, con costes que en algunos casos podrían superar los 150.000 euros anuales.

Más allá del impacto económico, uno de los aspectos que más preocupa al sector es la disponibilidad real de profesionales para asumir las nuevas exigencias. Los análisis realizados concluyen que la reforma incrementará de forma notable la demanda de técnicos superiores en prevención, especialistas en higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada.

Sin embargo, los expertos alertan de que el mercado laboral ya presenta dificultades para cubrir estas posiciones. Esta situación podría traducirse en mayores costes salariales, dificultades de contratación y problemas para implantar algunas de las nuevas exigencias previstas, especialmente en determinadas zonas geográficas o sectores con menor disponibilidad de talento especializado.

PYMES

Los especialistas coinciden en que las pequeñas y medianas empresas serán las más afectadas por las modificaciones planteadas. Aunque el anteproyecto defiende que las medidas persiguen una mejor integración de la prevención en este tipo de organizaciones, los expertos consideran que pueden derivar en una mayor complejidad de gestión, más costes indirectos y mayores dificultades para acceder a recursos técnicos especializados.

En este contexto, advierten de que algunas empresas podrían verse obligadas a adoptar soluciones de carácter más formal que operativo para cumplir con las nuevas obligaciones, sin que ello implique necesariamente una mejora efectiva de la actividad preventiva.

Por ello, consideran que la futura tramitación parlamentaria debería servir para evaluar no solo el impacto regulatorio de las nuevas obligaciones, sino también las consecuencias que pueden tener sobre la estructura del sistema preventivo español, la disponibilidad de profesionales especializados y la capacidad real de las empresas para seguir desarrollando una prevención eficaz y adaptada a los nuevos riesgos laborales.