La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha lanzado una nueva orden que establece la figura del guarda jurado de caza en Andalucía, con el objetivo de mejorar la vigilancia en los espacios destinados a la caza. Esta medida busca también ofrecer una gestión sostenible de los recursos naturales y otorgar mayor seguridad jurídica a los titulares de derechos de aprovechamiento cinegético.
La nueva normativa, que se deriva del Decreto-ley 3/2024 de simplificación administrativa, elimina la confusión entre los guardas rurales especializados en caza y los guardas de coto de caza, creando un marco más claro sobre las competencias y requisitos necesarios para ejercer estas funciones en la comunidad autónoma.
Para acceder a esta nueva acreditación, se requerirá ser mayor de edad, contar con la habilitación correspondiente como guarda rural en caza y completar una formación específica adaptada a la realidad andaluza. La acreditación tendrá una validez de cinco años y su renovación dependerá de cursos de actualización continua.
El curso obligatorio para quienes deseen convertirse en guardas jurados de caza incluirá al menos 40 horas de formación, combinando teoría y prácticas. Los temas abarcarán desde la normativa cinegética andaluza hasta cuestiones sobre conservación de la biodiversidad y el uso seguro de armas.
Los guardas jurados de caza serán responsables de vigilar las actividades cinegéticas en los terrenos específicos, supervisando el cumplimiento de las normativas y colaborando con la administración en la protección de los recursos naturales. Entre sus funciones estarán la prevención de infracciones, la supervisión de capturas y la participación en censos de poblaciones cinegéticas.
Estos profesionales también apoyarán a los agentes medioambientales y las Fuerzas de Seguridad del Estado, mejorando la coordinación necesaria en la vigilancia de las actividades cinegéticas. La regulación destaca la importancia de estos guardas en la detección de enfermedades en la fauna y otras emergencias relacionadas con la salud pública y conservación de la biodiversidad.
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