Azvi defiende su derecho a querellarse contra Víctor de Aldama

Manuel Contreras Caro, presidente de Grupo Azvi, ha presentado un recurso de súplica ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la decisión que le deniega la licencia necesaria para interponer una querella por injurias y calumnias contra Víctor de Aldama. La compañía considera que esta resolución la sitúa en una posición de grave indefensión al impedirle acudir a los tribunales para defender su honor y reputación frente a unas acusaciones de corrupción que considera rotundamente falsas.

Según recoge el recurso, la resolución judicial recurrida justifica la negativa afirmando que las manifestaciones realizadas por Víctor de Aldama se produjeron en el ejercicio de su derecho de defensa. Sin embargo, Grupo Azvi sostiene que el Alto Tribunal no explica por qué las acusaciones vertidas contra la empresa y su presidente serían necesarias para dicha defensa ni qué relación guardan con el objeto del procedimiento en el que fueron realizadas.

La empresa defiende que se trata de una cuestión de enorme trascendencia jurídica y social: “si una persona o una empresa pueden quedar completamente desprotegidas cuando son señaladas públicamente por delitos graves por alguien que interviene como investigado en una causa penal”. A juicio de la compañía, aceptar que cualquier acusación queda automáticamente amparada por el derecho de defensa, sin analizar su necesidad, veracidad o conexión con el proceso en que tales acusaciones se producen, supone vaciar de contenido las garantías previstas por la ley para proteger el honor de los ciudadanos.

El recurso sostiene que las afirmaciones realizadas por Víctor de Aldama atribuyen a Grupo Azvi y a su presidente supuestos pagos irregulares relacionados con adjudicaciones públicas. Sin embargo, la empresa afirma que ha acreditado “la falsedad de tales afirmaciones” y destaca que ni ella ni sus directivos han sido investigados por esos hechos, que ninguna acusación las ha incorporado a la causa y que la propia sentencia del procedimiento no contiene referencia alguna a dichas imputaciones.

Para Grupo Azvi, resulta especialmente preocupante que unas acusaciones de semejante gravedad hayan alcanzado una enorme difusión pública “sin que exista un cauce efectivo para que los afectados puedan defenderse judicialmente”. La empresa sostiene que la negativa a conceder la licencia supone, en la práctica, impedir incluso que un juez analice si las manifestaciones de Víctor de Aldama constituyen o no un delito de calumnias o injurias, “vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra la Constitución”.

La compañía recuerda además que su actividad empresarial se fundamenta en la confianza de administraciones, clientes, proveedores y socios, y que cualquier sospecha de corrupción tiene un impacto directo sobre su reputación, su capacidad de contratación y su imagen pública. Precisamente por ello, considera imprescindible que pueda abrirse un procedimiento donde se determine si las acusaciones son ciertas o falsas y se dirima sobre la verdad de los hechos.

En su escrito, los recurrentes aportan documentación que, según defienden, desmonta la acusación relativa a un supuesto pago de 18.000 euros vinculado a una adjudicación pública. La versión de Grupo Azvi sostiene que esa cantidad correspondía exclusivamente a la participación de Manuel Contreras Caro en un proyecto empresarial promovido por el propio Víctor de Aldama, denominado ‘Círculo Trastámara’, y que el dinero fue posteriormente reintegrado cuando la iniciativa no salió adelante.

“De hecho, el propio Víctor de Aldama tuvo que reconocer en sus redes sociales el pasado mes de enero, meses antes de declarar en el Tribunal Supremo, que el pago citado no correspondía a una comisión ilícita, desdiciéndose de la acusación original tal como fue publicada por medios”, añade.

Más allá del caso concreto, la empresa alerta sobre el riesgo de consolidar un precedente según el cual cualquier tercero ajeno a un procedimiento penal pueda ver dañado su nombre sin posibilidad real de defensa. A juicio de los recurrentes, la colaboración con la Justicia y el derecho de defensa son principios esenciales del Estado de derecho, “pero no pueden convertirse en un salvoconducto para lanzar acusaciones gratuitas y temerarias contra personas o empresas que no forman parte del proceso y que carecen de mecanismos efectivos para defenderse”.

Grupo Azvi afirma respetar plenamente la labor de los tribunales y confía en que el Tribunal Supremo reconsidere su decisión. El objetivo del recurso no es obtener una condena anticipada contra Víctor de Aldama, sino eliminar “el obstáculo procesal que actualmente impide que el órgano judicial competente examine los hechos y determine si las graves acusaciones realizadas contra la compañía y su presidente tienen algún fundamento o si, por el contrario, constituyen una actuación lesiva para su honor”.

“Lo que está en juego no es únicamente el nombre de una empresa con décadas de trayectoria, sino el derecho de cualquier ciudadano o entidad a defender su reputación cuando es acusado públicamente de conductas delictivas que jamás han sido objeto de investigación ni acreditación judicial”, sostiene el recurso presentado por la compañía.

Para Grupo Azvi, la denegación de la licencia supone transformar un requisito procesal excepcional en una barrera infranqueable que priva a los perjudicados de acceso a la justicia. Por ello, la empresa solicita que se revoque la decisión recurrida y se le permita ejercer las acciones legales oportunas para proteger su honor, restaurar su reputación y defenderse frente a unas acusaciones que considera “falsas, infundadas y profundamente dañinas”.