En un anuncio en el Parlamento, Rocío Díaz, consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, indicó que la Junta de Andalucía se opone al proyecto del Gobierno de España que destina 90 millones de euros en subvenciones a comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado.
Díaz enfatizó que Andalucía no aceptará condiciones que limiten su acceso a esos fondos, ya que los problemas de vivienda en la región existen independientemente del modelo regulatorio de cada comunidad. La consejería ha estado trabajando en diversas alegaciones para garantizar que Andalucía pueda acceder a estos recursos destinados a mejorar el acceso a la vivienda.
El proyecto estatal proporciona 90 millones a zonas como Cataluña, País Vasco y Navarra, excluyendo a Andalucía por no haber declarado zonas tensionadas bajo la Ley Estatal de Vivienda. Díaz cuestionó que la declaración de zona tensionada sea la única modalidad para poder acceder a los fondos.
Igualmente, la consejera planteará que la distribución de los recursos considere criterios de necesidad como la evolución de los precios de la vivienda y la demanda. “No estamos pidiendo más por ser Andalucía, sino que Andalucía no quede excluida por haber tomado decisiones legítimas sobre su modelo de vivienda”, dijo.
Rocío Díaz también anunció grandes objetivos para aumentar la oferta de vivienda asequible, destacando que la Junta invertirá 478 millones de euros, el 40% del plan de vivienda entre 2026 y 2030. Se plantean la construcción de 20,000 nuevas viviendas protegidas y la rehabilitación de 22,000 inmuebles. Nuevas líneas de ayudas están en camino para facilitar la adquisición de vivienda, especialmente a familias numerosas y jóvenes menores de 40 años.
Por otro lado, en el ámbito de juventud, se elaborará una nueva ley de juventud y se implementarán programas de apoyo a jóvenes que incluyen opciones de vivienda flexible.
Finalmente, Díaz anunció que el nuevo Plan de Ordenación del Territorio se espera para el primer trimestre de 2027, enfatizando la importancia de una planificación adecuada para asegurar la disponibilidad de vivienda y servicios en el futuro.
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