La Junta de Andalucía permite la incorporación excepcional de expertos como docentes en Formación Profesional

Facilitando la Formación Profesional en Andalucía

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de Andalucía ha implementado una medida que permite la incorporación excepcional de profesionales expertos como docentes en cursos de Formación Profesional (FP). Esta iniciativa busca garantizar el desarrollo de acciones formativas en caso de que las entidades no logren encontrar formadores que cumplan con todos los requisitos necesarios.

La resolución, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado jueves, establece un criterio unificado para la aplicación de esta exención, conforme a lo estipulado en el artículo 168 del Real Decreto 659/2023. Su propósito es crear un tratamiento coherente y homogéneo para las circunstancias en que es posible prescindir del requisito de contar con un certificado profesional de habilitación para la docencia en estos cursos.

La exención beneficiará a personas que posean ciertas titulaciones universitarias o de Formación Profesional durante su primera acción formativa. Igualmente, será aplicable a aquellos expertos con al menos cuatro años de experiencia en relación con los módulos o bloques formativos que se impartan. Las entidades formativas tendrán la responsabilidad de presentar una oferta de empleo al Servicio Andaluz de Empleo y publicarla en toda Andalucía. Solo si no hay candidatos adecuados disponibles, la oficina de empleo certificará esta situación.

El uso de esta exención estará sujeto a la validación por parte de la delegación territorial correspondiente que confirme que se cumplen los requisitos adicionales para el personal formador. Además, se reitera que esta medida tiene carácter excepcional y solo será aplicable a la acción formativa específica, sin conferir un reconocimiento duradero de la competencia docente ni derechos para futuros cursos.

Con esta nueva directriz, la Junta de Andalucía busca aliviar la falta de educadores en el ámbito de la Formación Profesional, asegurando que las acciones de capacitación se alineen con la demanda del mercado laboral, mientras se mantienen los controles regulatorios correspondientes. Esta resolución comenzará a tener efecto a partir del 11 de septiembre de 2026.